El frente cívico y el caso Nóos

MANIFIESTO FRENTE CÍVICO JURÍDICO

Ante el sistemático deterioro del Estado Social y Democrático de Derecho, principal garantía de nuestra convivencia presente y futura, los juristas organizados en el Frente Cívico Somos Mayoría, conscientes de nuestra capacidad y de nuestra responsabilidad individual y colectiva para combatirlo, nos dirigimos a todo tipo de organizaciones sociales, políticas, al mundo del Derecho, la cultura, la Universidad y la ciudadanía en general, para iniciar la construcción de alternativas orientadas a detener esta situación en el menor tiempo posible.

Todo el sistema de derechos sociales reconocido en la Constitución de 1978 es hoy un cruel sarcasmo para millones de españoles. La reforma del artículo 135.4 de nuestro máximo texto legal ha supuesto la derogación de hecho de gran parte de su Título Preliminar, del Título I, y del Título VII de la Constitución Española. Esa reforma ha puesto en cuestión de forma manifiesta los principios que soportan nuestra convivencia, la vigencia y efectividad de los Derechos Humanos, empezando por la flagrante vulneración del artículo 1.2, que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Hoy asistimos, gracias a esa reforma, a la vigencia de un único principio: el sometimiento de la sociedad al capricho de las decisiones de los mercados financieros funcionando en régimen de oligopolio.

Ha sido también la vía de los hechos la que nos ha conducido a un absoluto vaciamiento de nuestro sistema institucional, lo que ha hecho posible, como acaba de reconocer el Presidente del Gobierno, que la Constitución esté siendo reformada, de facto, por las decisiones de las instituciones europeas. Las oscuras leyes de la economía financiera se cumplen con el máximo rigor a costa de las solemnes declaraciones de derechos y de los Pactos y Convenios internacionales que ya solo formalmente son fuente de Derecho, desconociendo lo dispuesto en el artículo 10.2 C.E.

El principio de separación y equilibrio de los poderes del Estado ha sido socavado hasta el esperpento que ha supuesto la última elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No menos preocupante es la situación actual y el funcionamiento pasado de Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, entre otros organismos, todos ellos dominados por el dominio de unos partidos políticos endogámicos, que, con mayor o menor intensidad, se mueven entre la connivencia con los poderes económicos o estar bajo su dependencia y financiados por la corrupción.

¿Cómo se enfrenta la sociedad a esta situación?

Aunque son muchos los colectivos que hoy demandan la efectividad de sus derechos, es aun claramente insuficiente la respuesta de una ciudadanía desarmada. Los mecanismos de participación en la vida pública, o se encuentran cuestionados o su endeblez y división es manifiesta. Ante los atisbos de contestación, crece la represión y, de forma preventiva, están aumentando las medidas y mecanismos que coartan la protesta y las propuestas eminentemente ciudadanas. La regeneración no se atisba desde el funcionamiento normal de las instituciones;

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tampoco desde las formaciones políticas o sociales tradicionales se está conformando una reacción coherente ante la envergadura de la crisis económica, social, ética y política que atravesamos.

Esta situación no es soportable, no va a continuar indefinidamente, ni es sustancialmente superable por la llegada de una recuperación económica que, de producirse, en todo caso está teniendo un precio impagable para amplias capas de la población. Nadie nos explica hoy cómo puede llegar esa recuperación, pero menos nos aclaran si garantizaría la recuperación de los derechos perdidos, la solución del anormal funcionamiento de las instituciones, el deterioro de nuestra democracia y de nuestra convivencia en libertad, paz y justicia. Por el contrario, el optimismo que hoy se nos vende se sustenta en el mantenimiento y profundización de mayores recortes de derechos y en la supeditación a los dictados de entes ajenos a la ciudadanía española que han secuestrado nuestra soberanía.

La reacción ante la situación que afrontamos tiene que basarse en las conquistas del Derecho puestas en valor por el ejercicio de los derechos y las responsabilidades que son consustanciales a nuestra condición de ciudadanos. Ni puede basarse en la obediencia ciega a quienes no merecen confianza, ni las soluciones pueden venir de los que nos han traído hasta aquí. Pero sí tenemos que poner a los detentadores del poder ante el imperio de las leyes, de los principios jurídicos y de la innegociable vigencia y efectividad de los Derechos Humanos.

La ley no puede ser aplicada con todo su rigor a la mayoría y pisoteada cuando sus destinatarios están situados en las más altas instancias. No podemos conformarnos con una simple apelación a la ejemplaridad futura, cuando ha quedado acreditada en muchos casos su manifiesta villanía, cuando la sospecha cae sobre los tres poderes del Estado y los mejores ejemplos de profesionalidad son depurados implacablemente.

Por eso, consideramos que el mundo del Derecho tiene una enorme responsabilidad que incluye, al menos, tres irrenunciables deberes.

El primero es declarar que la situación que atraviesa el país no es conforme con el espíritu y la letra de la Constitución refrendada por la ciudadanía en 1978.

El segundo es poner en funcionamiento todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad personal o institucional: los abogados y procuradores ejerciendo en nombre de los ciudadanos las acciones para pedir responsabilidades, enfrentando a los que delinquen desde el poder con la ley; los colegios, denunciando las normas que vulneran derechos, como las tasas judiciales, y ayudando a formarse a los abogados que defienden a grandes colectivos como los afectados por las hipotecas; los jueces y fiscales amparando y promoviendo la aplicación de las leyes con la mayor ejemplaridad, sin perder de vista la aplicación del derecho internacional ratificado por España y vinculante según el artículo 10.2 C.E. Desde el ámbito académico, formulando una crítica que nos arme y nos refuerce ante los retrocesos que nos acucian.

El tercer deber es hacer pedagogía de todo lo anterior y sentirnos muy unidos a los ciudadanos, y a tantos profesionales y funcionarios que hoy están viendo cómo se deterioran sus campos de trabajo, y hacen enormes esfuerzos para que no se resientan sus aportaciones a la ciudadanía y a la colectividad.

La difusión de esta manifiesto y su compromiso con los fines que en él se proponen queda en manos de los ciudadanos. De VOSOTROS depende.

DILIGENCIAS PREVIAS 2677/08

PIEZA SEPARADA 25

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE PALMA DE MALLORCA

DOÑA MARÍA ISABEL JUAN DANÚS, procuradora de los Tribunales y de la Asociación civil Frente Cívico Somos Mayoría, constituida en -------, el -- de ---------- de ----, con domicilio en esta ciudad, en calle ----------, y CIF número ----------, como acredito con la copia de poder con cláusula especial para sostener acusación en este procedimiento, que adjunto como Documento nº 1, ante el juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho DIGO:

Que interesando al Derecho de mi representado la defensa desde la ciudadanía del Estado de Derecho, del que forma parte esencial el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el correcto equilibrio de los poderes del Estado, por las razones que se dirán, por medio de este escrito y al amparo de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución, artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo en PERSONARME en la Causa en nombre de mi mandante y de asociados a los que representa, solicitando que se me tenga como parte en ejercicio de la ACCION POPULAR, contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas por los hechos que han motivado esta instrucción, siendo indiciarios entre otros de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y de banqueo de capitales.

La solicitud que realizamos se soporta y justifica en los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- El Frente Cívico Somos Mayoría, es una asociación civil que pretende hacer visibles los objetivos que, por encima de ideologías y creencias, nos une a los ciudadanos.

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Sus socios han convenido como irrenunciable la defensa de la realización efectiva de los Derechos Humanos que nuestra Constitución reconoce y garantiza. Sin embargo la realidad cotidiana nos los muestra como accesorios, retóricos y prescindibles, para cada vez más amplias capas de la población española.

En el ejercicio cotidiano de los derechos civiles como medio de participación en la vida pública, al margen de los procesos electorales, confían sus asociados el logro de sus fines sociales. En el artículo dos de sus Estatutos sociales el Frente Cívico Somos Mayoría, recoge entre sus fines:

1.- “Construir la mayoría social de la ciudadanía del Estado Español, por su propio impulso y por la creciente toma de conciencia de la extraordinaria situación política, económica y social de desprotección de sus ciudadanos y ciudadanas, por parte de las instituciones y poderes del Estado”.

2. “Elaborar de forma colectiva, abierta y democrática un programa que haga posible la efectividad de la soberanía nacional y de los plenos derechos sociales, económicos y políticos, y de las libertades garantizadas constitucionalmente”.

4. Aunar esfuerzos y plantear actuaciones conjuntas con otros colectivos sociales que promuevan los mismos objetivos.

SEGUNDO.- Mi mandante tiene conocimiento del desarrollo de esta causa y de lo avanzado de la misma, pues es seguida con especial preocupación por la ciudadanía dada gravedad de los hechos que la originaron. Más allá del perjuicio para el erario público derivado de las actuaciones irregulares de nuestros representantes en las instituciones, del lucro de quienes todo indica que esgrimieron su vinculación a la familia real para obtener fondos al margen de la ley, el desarrollo del procedimiento está poniendo en evidencia la necesidad de que los ciudadanos apoyemos la acción de la justicia, y al juez concreto que en este caso le ha correspondido aplicarla. Se está evidenciando como este caso está poniendo a prueba el normal funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y son en último extremo los ciudadanos los más interesados en que muestre su fortaleza para evitar un deterioro de difícil reparación de la imagen de instituciones del Estado, fundamentales para la convivencia.

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Hemos dedicado especial atención al estudio del texto íntegro del auto dictado por el digno juzgador al que nos dirigimos y a su vista, queremos dejar sentado que nada tiene esta representación que cuestionar y mucho que agradecer a Su Señoría por la labor instructora, por el esfuerzo realizado a lo largo del procedimiento, y por dejar meridiano en sus resoluciones lo que el Estado de Derecho y todos los ciudadanos nos jugamos en la tramitación de esta causa.

La extensión y minuciosidad del Auto de 7 de enero de 2013, el “especial cuidado” que se exige en sus fundamentación fáctica y jurídica, puede delatar, sin pretenderlo, las presiones que puede estar recibiendo para que su actuación se aparte de la que ha tenido con otras muchas personas que ya han comparecido a declarar sobre los mismos hechos en calidad de imputados, y de la práctica normal y diaria en todos los juzgados de instrucción de España, como en la propia resolución se reconoce que puede haber acontecido ya en este procedimiento, a pesar de su recto proceder.

TERCERO.- La desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana, inicialmente motivada por la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa, que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público, se han agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera de oficio a citar a la Infanta Doña Cristina Federica Borbón Grecia. Desde entonces el sistema procesal se haya visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación del Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Con todos los respetos a las personas que las representan y a la función que tienen encomendada, esta representación cree tener motivos para deducir que su actuación no se corresponde con lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto.

Muchos ciudadanos creen honestamente que no es entendible la situación creada dentro de este procedimiento, ni las manifestaciones públicas del Fiscal del caso, coincidentes con las del Presidente del Gobierno, dando ya por ciertos los próximos acontecimientos y el resultado favorable para una de las personas imputadas. Tan inaceptables presiones y otros acontecimientos que es innecesario relatar, pues mejor que nadie las puede conocer quien ha sido objetivo de ellos, han sembrado la alarma de todas las asociaciones de jueces, del mundo del derecho y de la ciudadanía.

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Desde la primera citación para declarar como imputada a Doña Cristina Federica Borbón Grecia, el Fiscal mantiene argumentos favorables a su defensa, contrarios a su no imputación por no haber indicios de delito en su conducta, en base a presunciones de desconocimiento de las actividades de su marido. Pero es lo cierto que si éste hubiese contraído matrimonio con una ciudadana ajena a la Casa Real, difícilmente hubiese obtenido ilegalmente un elevado caudal de fondos públicos de tal entidad que es imposible le pasara inadvertido como ingresos de un matrimonio. Mucho menos si Doña Cristina se hubiese prestado a colaborar para cerrar el círculo del lucro delictivo al constituir una sociedad pantalla, (escudo fiscal o velo societario), destinada a drenar los fondos públicos ilegalmente obtenidos, ocultándolos en ella para que no sirvieran para delatar los delitos cometidos, y, entre otros fines, para conseguir beneficios fiscales.

No es habitual ese proceder ni la en la práctica diaria de los juzgados, ni lo fue con ninguna otra de las personas citadas a declarar como imputadas en esta causa. No es mucho exigir que necesite de una especial justificación una práctica tan alejada de la habitual, pero en su lugar el señor Fiscal mantiene que existen razones extrajurídicas para haberla citado. Nada más lejos de la realidad, como con total claridad el juez instructor mantiene en su Auto de 7 de enero de 2014, que, sin ser su intención, se ha visto obligado a una justificación inusual de una simple citación para ser oída con asistencia letrada, con la lectura de sus derechos –entre otros a no declarar, a no contestar alguna pregunta o a quien no desee, a no decir la verdad- sobre unos hechos en los que, a tenor de lo hasta ahora instruido, está en igualdad de circunstancias que algunas de las 42 personas y mucho más que la mayoría y que han sido citadas con un simple párrafo.

Se ha llegado a manifestar, dentro y fuera del procedimiento, que esta instrucción penal supone un martirio para la imputada y su familia, sin hacer un juicio comparativo con las miles de personas que en todos los juzgados de España se ven en la misma situación. Se mantiene que se procede con ella injustamente por ser quien es. Pero quizá sea más cierto, y así se tendría que haber sopesado, que la causa de que hayan tenido lugar los hechos que se han constatado puede estar en que el cónyuge de la Infanta Cristina ha hecho valer esa singular condición para fines ilícitos, consiguiendo obtener millones

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de euros de fondos públicos, de los que ha dispuesto el matrimonio a través de una sociedad participada y en beneficio de ambos.

Al ser vedada la imputación de Doña Cristina Federica de Borbón por la Audiencia Provincial de Palma, con excepción de posibles delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, después de la práctica de las diligencias que constan y la audiencia a todas las partes, ante las posibles impugnaciones, el instructor ha realizado un análisis exhaustivo de lo instruido para justificar que es conveniente y obligado oír a la Infanta pues en todo caso va a tener consecuencias para ella, aunque sólo fuera la devolución del dinero del que está claro se ha lucrado ilícitamente. Es tan sólida la argumentación del juez que ha tenido que aclarar que no prejuzga lo que se pueda decidir sobre su procesamiento y que no es una sentencia condenatoria.

Sin embargo no descarta esta representación, si es admitida como acusación popular, tras el estudio de las actuaciones, previa propuesta muy justificada en su caso de nuevas diligencias, con su resultado, ampliar el ámbito incriminatorio a cualquiera de las personas imputadas o a otros hoy ajenos al procedimiento.

No tendrá otros objetivos nuestra participación en el procedimiento, que la defensa de los intereses de una ciudadanía que ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos. El pueblo español observa el deterioro de las instituciones de las que se ha dotado y se siente moralmente agredido por la falta de respeto que se desprende de la comparación del contenido del Auto de fecha 7 de enero de 2014, y de las manifestaciones públicas y en escritos procesales de quienes, con mayor exigencia, debieran asumir la defensa de lo colectivo. Defenderemos la igualdad real de todos los ciudadanos ante la ley, el correcto funcionamiento de las instituciones que deben ser garantes de su aplicación; colaboraremos al equilibrio real entre las posiciones defensoras y acusadoras en este procedimiento, y reaccionaremos ante cualquier cuestionamiento injustificado e intolerable a la independencia e imparcialidad del juez, pues en la dignidad de su labor, tenemos los ciudadanos depositada la nuestra.

Consideramos muy necesario reforzar, con la participación del Frente Cívico Somos Mayoría en este procedimiento, la presencia de la

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ciudadanía que tanto tenemos en juego, consciente de que su labor solo puede ayudar a los fines para los que nació como Asociación civil. Fines a los que quiere hacer honor con su participación en este procedimiento, en bien de la mayoría social.

CUARTO.- La resolución extensa y fundada del juez, culminando la tramitación sugerida por la Audiencia Provincial, no ha sido recurrida, pero la sorprendente petición de diligencias solicitadas por el Fiscal cuya práctica no creemos justificada, muestra en el contenido de su escrito que se le pone la proa al juez instructor y su fin no es facilitar claridad la posterior declaración de la imputada, sino combatir y rebatir el Auto de imputación y facilitar la línea de defensa de la misma, saliendo al paso de lo que se ha calificado de cuestionamiento de “la honradez profesional” de los peritos de la Agencia Tributaria, que comparecerán el día 25 de enero. Una vez más el juez ha soportado estoicamente el contenido del escrito del Fiscal que las propuso.

Sin embargo, las asociaciones de jueces y una gran parte de la ciudadanía están pidiendo que cesen las presiones al juez del caso, apuntando que si hay conspiración será la que puede venir desde quienes ya han decidido que puestos a elegir entre el funcionamiento normal del Estado de Derecho (la aplicación de la ley en condiciones de igualdad) y evitar a toda costa la posibilidad de sus consecuencias, optan por esto último.

QUINTO.- Los ciudadanos tenemos derecho a obtener la respuesta más ajustada a derecho y a los hechos ciertamente comprobados, pues sólo así no sufrirán un mayor deterioro las instituciones que están siendo cuestionadas, ni el honor profesional de quienes demuestran que no tienen otro objetivo que servirlas. Con esa intención, en el ejercicio de la acción popular que la Constitución y las leyes amparan, nos personamos DILIGENCIAS PREVIAS 2677/08, PIEZA SEPARADA Nº 25, como acusación popular contra todos los que finalmente resulten responsables de los hechos que se investigan y por los delitos que se le imputan o puedan deducirse de las diligencias que se practiquen.

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena a los Juzgados y Tribunales que protejan los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, reconociendo la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción. El

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interés legítimo pretendido por mi representado con la citada personación radica en la defensa de los intereses generales que se ven afectados por la indubitada trascendencia social de los hechos investigados, que atentan a parámetros fundamentales que conforman la línea de flotación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y a la dignidad de los ciudadanos.

SEXTO.- La presente personación se realiza sin que sea necesaria formulación de Querella al tratarse de un procedimiento ya iniciado donde está definida la existencia de unos hechos de apariencia delictiva, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de nuestros Tribunales.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª), de 30 de Abril de 2009, sostiene que:

«Igualmente, conforme ha señalado el Tribunal Supremo (STS 30 de mayo de 2003), si bien con carácter general la adquisición por la acción popular de la condición de parte procesal queda supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 274 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal, consistentes en la presentación de querella y prestación de fianza, el requisito de la personación con querella sólo es exigible cuando mediante tal acto se iniciaba el procedimiento judicial, mientras que en el caso de que tal personación fuese en una causa ya iniciada, el requisito de la querella no es exigible, bastando en tal caso el cumplimiento de lo prevenido en el art.110 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal , que limita temporalmente tal personación a su efectividad antes del trámite de calificación; y en cuanto a la exigencia de fianza, impuesta por el art. 280 de la Ley procesal citada , constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando ésta es medio de iniciación del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso.»

Siguiendo esta doctrina, el Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 6ª) de 16 de Junio de 2009 insistía en que:

«Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "el legislador, tratándose de un delito público, no ha limitado la acción popular al derecho de pedir la incoación del proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas personándose en los términos previstos en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , es decir, mostrándose parte como adhesión en nombre de la ciudadanía a un proceso pendiente, sin dejar condicionada la eficacia de la acción penal a la formulación de querella". La Jurisprudencia ha descartado una interpretación sumamente rigorista del requisito de la formulación de querella para el ejercicio de la acción popular cuando el procedimiento ya se ha iniciado por otra vía, lo que en parte afecta también a la prestación de fianza; así, la sentencia del Tribunal Supremo de 30-5-2003 , con cita a su vez de la de 12 de marzo de 1992, sostiene que "debemos

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recordar, que el requisito de la personación con querella sólo se ha entendido exigible por la Jurisprudencia de esta Sala cuando mediante tal acto, se iniciaba la encuesta judicial. En el caso de que tal personación fuese en una causa ya iniciada... se ha estimado que el requisito de la querella no era exigible..., bastando en tal caso el cumplimiento de lo prevenido en el art. 110 L.E . Criminal que limita temporalmente tal personación a su efectividad antes del trámite de calificación. En el mismo sentido la STS de 20 de diciembre de 2006» .

Y tampoco sería precisa la constitución de fianza, dado que no hay riesgo de que haya de responder de las resultas de juicio, por lo que no cumpliendo su finalidad propia ha sido declarada innecesaria por la jurisprudencia (por todas STS 12 de marzo de 1992). En caso de distinto criterio por parte del Juzgado al que tenemos el Honor de dirigirnos se viene en ofrecer de forma expresa aquella que pudiera resultar adecuada al presente caso concreto. Manifestamos no obstante que solicitaríamos el tiempo suficiente para reunirla mediante captación pública pues es de esta manera como, necesariamente, tenemos que financiar los costes de esta acción popular.

En su virtud, respetuosamente

SUPLICO AL JUZGADO: Que, por presentado este escrito junto con el documento que se acompaña, tenga por PERSONADO y por parte al suscrito Procurador, en la invocada representación de la Asociación Civil FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA como ACUSACION POPULAR, entendiéndose con el mismo las sucesivas diligencias en la forma y modo que la Ley prevé.

Es Justicia que pido, en Palma de Mallorca a 22 de enero de 2014.

OTROSI DIGO: Que siendo la escritura que se acompaña de poder general para pleitos y necesitándola para otros usos es por lo que SUPLICO AL JUZGADO: Que acuerde su desglose y devolución a esta parte previa oportuna constancia en las actuaciones.

Es Justicia que reitero en lugar y fecha ut supra

Ltdo. Manuel Delgado Milán Proc. María Isabel Juan Danús -------------------------------------

NOTA DE PRENSA 30-01-2014

El juez Castro acepta la personación del Frente Cívico “Somos Mayoría” en el caso Nóos

El colectivo civil Frente Cívico “Somos Mayoría” estará personado a partir de ahora en el conocido como Caso Nóos. Así lo ha dictado el juez instructor del caso, José Castro, que ha accedido a que Frente Cívico “Somos Mayoría” (FCSM), colectivo que promueve el excoordinador general de IU Julio Anguita, se persone como acusación popular en la causa.

Las personas que representarán a Frente Cívico en el caso, han podido recoger hoy en los juzgados de Palma de Mallorca la providencia dictada por el juez Castro, mediante la que admite que FCSM se incorpore al proceso como acusación popular, respondiendo así a la petición de personación en la causa que este colectivo realizó hace justo una semana.

Desde Frente Cívico Somos Mayoría, su portavoz, Ginés Fernández, ha mostrado la satisfacción por la decisión tomada por el juez Castro y ha querido señalar que, de este modo y “con toda la humildad de nuestro colectivo, podemos decir que esta decisión supone que la ciudadanía española se verá representada en este caso”.

A su juicio, el Caso Nóos “adquiere una dimensión especial por las personas implicadas” y ha recordado que la decisión de personarse en esta causa se tomó “para que se cumpla el principio de igualdad para todos que marca la Constitución”.

Equipo jurídico

Una vez conocida la noticia, desde Frente Cívico se ha iniciado la preparación de los próximos pasos, para lo cual su Frente Jurídico (compuesto por abogados y juristas) se dispone a estudiar el proceso y preparar las próximas vistas a las que su letrado, Manuel Delgado, tendrá que estar presente en representación del Frente Cívico.

En este mismo grupo se encuentran también otros abogados y juristas, entre los que se encuentran -además del citado abogado personado Manuel Delgado, Héctor Illueca, Aina Díaz, Rafael Mayoral, Manuela López, Joaquín Dolera, Caterina Calatayud y José Antonio Benzal, que junto a los representantes de los órganos colegiados del FCSM, prepararán estas actuaciones.

Asimismo, Frente Cívico solicitará ayuda económica a la ciudadanía para llevar adelante la personación del colectivo civil en la causa.

Fue el pasado jueves 23 de enero cuando Frente Cívico Somos Mayoría presentó un escrito ante el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca para solicitar la personación en el caso “en defensa de los intereses de la ciudadanía”, para ejercer como “acción popular contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas por los hechos que han motivado esta instrucción siendo indiciarios entre otros de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales”, según consta en el escrito presentado en el juzgado de Palma de Mallorca.

“Injerencia del poder ejecutivo”

El momento elegido por Frente Cívico Somos Mayoría para personarse en el Caso Nóos responde asimismo a lo que considera una “injerencia del poder ejecutivo” en la causa, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista la pasada semana en televisión en las que aseguraba “estar convencido de que a la Infanta le irá bien” en este proceso así como de “su inocencia”.

“Las palabras de Rajoy nos han invitado a personarnos en este caso”, explica el portavoz estatal de FCSM, Ginés Fernández, quien indicó que “todo apunta a que la Infanta no tenga ningún tipo de perjuicio y entonces no se aplicará el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley”.

El colectivo Frente Cívico Somos Mayoría advierte en su escrito al juez sobre “la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana”, motivada por la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y cree que esto “se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera de oficio a citar a la Infanta Doña Cristina Federica Borbón Grecia”, según reza en el escrito presentado ante el juzgado.

“Desde entonces el sistema procesal se haya visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación del Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado”, añade, algo que a juicio de Frente Cívico alberga motivos “para deducir que su actuación no se corresponde con lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto”. Para Frente Cívico Somos Mayoría, su personación en el Caso Nóos “no tendrá otros objetivos (…) que la defensa de los intereses de la ciudadanía que ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos”.

Por último, Frente Cívico Somos Mayoría argumenta esta personación en la causa al considerar “muy necesario reforzar (…) la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego”, en dicho proceso judicial.

CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN DEL FRENTE CÍVICO JURÍDICO

Recientemente, el Frente Cívico “Somos Mayoría” (FCSM) constituía el Frente Cívico Jurídico, una herramienta a través de la cual los profesionales del mundo del derecho y la ciudadanía en general pudieran hacer frente a las pérdidas de derechos y al desmantelamiento del Estado Social y de Derecho, consagrado por la Constitución.

Este grupo de juristas, conscientes de su responsabilidad, realizaban un llamamiento a toda la sociedad para conformar un movimiento que ponga en valor las conquistas del Derecho y se atribuían, como juristas, tres deberes: declarar una situación social que no es conforme con la Constitución Española, poner en funcionamiento las herramientas jurídicas disponibles para enfrentarse en toda su amplitud a este hecho y hacer pedagogía entre la ciudadanía de estas dos cuestiones.

En el marco de esta estrategia de amplio alcance y recorrido, la primera acción fue la petición de personación como acusación popular en el conocido como “caso Nóos”. Hoy, 30 de enero, el juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca ha accedido a esta personación en las Diligencias Previas nº 2677/08, Pieza separada nº 25.

Las razones que han motivado esta actuación son la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y las evidencias de actuaciones anómalas por parte de distintos poderes públicos, obviando el principio fundamental de igualdad ante la ley.

El Frente Cívico considera necesaria la presencia de una auténtica acusación popular en los distintos procesos judiciales en los que se investiga el uso irregular de dinero público. En un momento en el que toda la ciudadanía está sufriendo los efectos de los recortes sociales, es interés de todos y de todas asegurarse de que se depuren las responsabilidades de aquellos que hayan utilizado arbitrariamente y en su beneficio lo que nos corresponde al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y para conseguirlo es fundamental la movilización de una sociedad que recupere el poder de decisión y control sobre los asuntos comunes.

Esta asociación es consciente de que iniciativas de esta naturaleza no van a ser respaldadas por ninguno de los poderes del Estado, a pesar de que la Constitución Española, en su artículo 119, establezca la gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la

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Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Aunque se carezcan de los recursos necesarios y de que los requisitos económicos para acceder a la justicia se estén endureciendo, facilitando así la imparcialidad de la justicia y la impunidad, no debemos permitir que nos inunde la desconfianza y la apatía. La colaboración y la ayuda mutua deben ser el motor que posibilite otra sociedad.

Realizamos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para apoyar una campaña de financiación colaborativa de esta acusación popular, para que las investigaciones iniciadas puedan concluir sin injerencias de ningún tipo. Esta campaña se realizará a través de una cuenta corriente cuya gestión será totalmente transparente: se harán públicos los movimientos de ingresos y gastos de la cuenta, por lo que los fondos recaudados serán utilizados exclusivamente para la causa en cuestión. En el momento en el que se alcance el saldo requerido inicialmente se comunicará públicamente. En caso de que posteriormente las acciones judiciales requieran la aportación de nuevos fondos, se comunicará la reanudación de la campaña.

El presupuesto inicial es de 20.000 euros, estando incluidos:

1. Las minutas del equipo jurídico que se dedique exclusivamente al proceso y de los procuradores.

2. Los gastos de desplazamientos previstos y previsibles.

3. Los gastos administrativos.

La cuenta corriente que se ha dispuesto para esta actuación es la siguiente:

Caja Rural de Córdoba, Oficina Central.

Nº de cuenta: 3063 0001 11 2224340915

En el ingreso o transferencia indicar: fcsm noos.

Con la colaboración de todos y de todas, empoderémonos como ciudadanía, exigiendo el máximo respeto hacia las leyes que rigen nuestra convivencia a aquellos que sistemáticamente la inclumplen.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CASO “NÓOS”

El Frente Cívico Jurídico, grupo de juristas organizados en el Frente Cívico “Somos Mayoría” (FSCM), declaraba en su Manifiesto que uno de sus deberes sería el “hacer pedagogía de todo lo anterior (declarar que la situación que atraviesa el país no es conforme con el espíritu y la letra de la Constitución de 1978 y poner en funcionamiento todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad, ejerciendo en nombre de los ciudadanos las acciones para pedir responsabilidades) y sentirnos muy unidos a los ciudadanos, y a tantos profesionales y funcionarios que hoy están viendo cómo se deterioran sus campos de trabajo, y hacen enormes esfuerzos para que no se resientan sus aportaciones a la ciudadanía y a la colectividad.”

De esta forma, y en su primera actuación (como acusación popular en el conocido como “caso Nóos”), todas las acciones se regirán por la máxima transparencia y contacto con la ciudadanía, siempre respetando la necesaria discreción que requiere la estrategia jurídica para conseguir sus objetivos.

Si ya se anunció que los resultandos de la campaña de financiación colaborativa serían públicos, ahora ponemos a disposición de toda la ciudadanía una cuenta de correo para que puedan expresar y compartir sus opiniones y sugerencias acerca de la instrucción del “caso Nóos” y de cualquier otra actuación que se pueda desarrollar en un futuro. La dirección es frentejuridico@frentecivicosomosmayoria.es.

Las ideas que vayan llegando a esta dirección serán valoradas por el equipo jurídico, dentro de la estrategia diseñada, y se harán públicas para favorecer el debate en la sociedad sobre la exigencia de responsabilidades a aquellos que gestionan y reciben dinero público.

Animamos a toda la ciudadanía a participar y expresar su opinión, de forma cívica y responsable, de forma que entre todos y todas recuperemos el poder que las leyes nos otorgan y actuemos como una auténtica acusación popular.