Nos encontramos con una empresa subcontratada por la Junta de Andalucía, MK Plan 21, que se dedica ha hacer oídos sordos a sentencias judiciales, que le obligan a restaurar las condiciones laborales de sus empleados, junto con ciertas cantidades económicas, nada despreciables, que debe devolver a los trabajadores. No obstante y aunque es vox populi que ésta empresa se presentó al concurso para la explotación de un servicio imprescindible para la sociedad como es el 112, sin solvencia económica, parece ser que a ningún responsable de la junta le ha importado lo mas mínimo.
Justo cuando la presidenta de la junta, Susana Díaz, se preparaba para la presentación a bombo y platillo de las nuevas instalaciones del 112 en Sevilla amanecieron con pintadas reivindicativas donde reclaman justicia y acabar con los presuntos tratos de favor que desde la dirección de la empresa mantienen con ciertos empleados los cuales tienen turnos flexibles para poder conciliar la vida familiar mientras el resto son los comodines que deben soportarlo.
Para rizar el rizo nos encontramos con una sección sindical de un pseudosindicato que actualmente está siendo investigado, que prefiere criticar a sus compañeros laborales y tachar las acciones como terroristas. Evidentemente desconocen las formas de reivindicar cuando no te dejan mas salidas, al estar más próximos a la gerencia que a sus semejantes laborales. Sin obviar que las pintadas llevaban su firma y cuando llega la hora de la verdad reculan, lo que se conoce como tirar la piedra y esconder la mano, o para que nos entendamos jugar a dos bandas por falta de valor sindical, lo que se traduce en una clara ventaja para sus amos empresariales.
Actualmente los trabajadores tienen convocados varios días de huelga, ya que no les dejan mas salidas a sabiendas de que será dinero que dejará de entrar en sus hogares. Quizás para sus coincidentes laborales del pseudosindicato sea también un acto terrorista, pero nuevamente nos encontramos con trabajadores desamparados sindicalmente (a medias,claro,al menos la sección sindical de c.c.o.o. no deja de convocar movilizaciones) y políticamente ya que quien otorgó la explotación del servicio tiene su punto de mira en otras cuestiones menos "banales" que unos tele-operadores reclamando lo que dictaminó un juez.
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